DE LA EDUCACIÓN Y SUS REFORMAS LEGALES

Tras el cambio de Gobierno ocurrido después de las elecciones del pasado 14 de marzo, ya se avizora en el horizonte un nuevo cambio legal de nuestro maltrecho sistema educativo.
Es normal, y de ello nos alegramos, que en un sistema democrático se produzca con cierta frecuencia la alternancia en el poder político y que, por lo tanto, haya  relevos en las instituciones públicas y que las políticas de los nuevos responsables de la Administración del Estado reflejen esos cambios de talante y de contenidos. Hasta ahí no hay nada que objetar. Son virtudes de la democracia que nadie puede perpetuarse en el poder indefinidamente y que todos los gobernantes tienen fecha de caducidad, por más que puedan ganar varias elecciones seguidas. Esa permanencia en el poder de determinados partidos a lo largo de varias legislaturas tal y como se ha dado en España recientemente ofrece aspectos positivos, pero también negativos, ya que el ejercicio del poder político conlleva ciertos peligros muy difíciles de evitar, como el amiguismo, la información privilegiada, la marginación de las organizaciones sociales o el desprecio del adversario político.
En el campo educativo, y eso es lo que nos interesa subrayar ahora, los cambios políticos están dando lugar a continuos vaivenes legislativos y a una producción legal tan elevada que hace casi imposible su adecuado conocimiento y su puesta en práctica.  La educación no es una mercancía que se compra o se vende o que se puede negociar con ella como si fuese un objeto de contienda de electoral. Al contrario, la educación es un derecho de los ciudadanos y debe ser tratada con mucha cautela y con sumo cuidado, ya que nos estamos jugando la mayor y la mejor inversión de nuestra sociedad: la educación de la infancia y de la juventud que luego tendrá que asumir la dirección económica y política de España. Si la justicia y la sanidad son cuestiones de Estado que deben ser tratadas por encima del legítimo partidismo de las formaciones políticas y sindicales, la educación debe situarse como mínimo al mismo nivel, ya que es posible y deseable que se busque un núcleo fundamental del sistema educativo en el que estemos todos de acuerdo. Es preciso y urgente que todos los agentes sociales lleguen a definir las bases de un pacto de Estado en materia educativa y aparquen de una vez ciertas diferencias en aras del bien común y del interés general de todos los ciudadanos.
¿Qué diría la población española si cada cinco o seis años se elabora una ley distinta en materia de sanidad y de justicia? ¿Qué dirían los profesionales de la medicina y del derecho si cada cinco o seis años se les cambiará el marco legal por el que se rigen? ¿Es que la educación es, a pesar de todas las declaraciones oficiales, lo menos importante de la política del Estado español? ¿Es que es imposible lograr un consenso democrático entre todos los representantes de la comunidad educativa y los gobiernos del Estado y de las Comunidades Autónomas?
            Cuando se implantó la LOGSE  (1990) se escribió y se dijo en algunos círculos del profesorado que con esta nueva ley había llegado “la hora del alumnado”. Con ello se pretendía señalar que hasta entonces la mayoría del profesorado, sobre todo de Secundaria, no había sido consciente de que el alumno con toda su problemática psicosocial y cognitiva  había sido ignorado y que ahora se centraba toda la nueva normativa en focalizar bien este tema.  Cuando se empezó a implantar la LOCE (2002) se elaboraron también grandes discursos sobre la calidad de la educación y se llegó a escribir que con esta ley había llegado “la hora del profesorado” frente a la anterior que había incurrido en un burdo “paidocentrismo” y en un “pedagogismo” verborrreico.  En el 2004, y con una Ministra recién estrenada, se espera ya la paralización del calendario de aplicación de la LOCE, pero también nos inquieta desconocer si la materia de ética va seguir como hasta ahora. Ya se ha escrito a la Ministra en el mes de abril para tratar de conocer mejor sus intenciones y estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio.
Hay expectativas entre el profesorado de que por fin las cosas se hagan bien. Se dice que dentro de dos años (2006) habrá otra nueva ley de educación que afectará a todo el sistema educativo español. Mientras tanto el profesorado tiene que ir  sobrellevando como puede toda esta maraña legislativa y política.  Sinceramente, esperamos que se abra un período de diálogo con el profesorado para ir mejorando la situación entre todos.
¿Qué puede y debe decir el profesorado ante tanto vaivén legal en temas educativos?  Lo primero es la certeza de que los cambios legislativos por sí solos no van a arreglar todos los males del sistema educativo, si no van acompañados de medidas legales claras y de fácil aplicación y, sobre todo, con un presupuesto adecuado a las necesidades reales del sistema. Lo segundo, que ya se ha dicho infinidad de veces en nuestra revista PAIDEÍA, es que ninguna reforma educativa será un éxito sin contar con el apoyo del profesorado. Hemos dicho muchas veces que cualquier reforma educativa fracasará si se lleva a cabo contra el profesorado o sin el profesorado. La pedagogía política en educación pasa ineludiblemente por explicar muy bien a todo el profesorado el significado y el alcance de las reformas legales en curso. Que no se lleven a engaño los responsables de la política educativa: el profesorado, con todos sus defectos y sus virtudes, constituye indudablemente la clave de bóveda del sistema educativo y ahora mismo está bastante desmoralizado. Tiene motivos para ello. Uno nos parece fundamental: que la mayoría de  las reformas que hasta ahora se han introducido no han sido apoyadas con recursos y medios suficientes. Las quejas del profesorado en este aspecto sí que tienen sentido.
En política educativa y algo sabemos en la SEPFI, pues llevamos ya veinticinco años trabajando con profesores de Secundaria, hay que tratar al profesorado de modo exigente, pero con apoyos reales;  sin autoritarismo y sin paternalismo.
Como conclusión cabe decir que, tras la “hora del alumnado” y “la hora del profesorado” parece que ha llegado ya “el tiempo del pacto de Estado”; ha llegado ya, definitivamente, la superación de los prejuicios históricos sobre un tipo de educación u otro, del enfrentamiento estéril entre lo privado y lo público, porque no ha resuelto nada y porque el profesorado está ya harto de que se hable mucho y se resuelva muy poco, de que se nos considere casi un asunto político que da réditos electorales en su momento y luego se olvide casi todo en las papeleras del Ministerio de Educación.  El pacto de Estado debe consistir en establecer con los sectores implicados en el mundo educativo un marco legal que permita resolver los problemas más urgentes que hoy día tiene la educación española. Para ello, lo primero es elaborar un Libro Blanco en el que todos aporten información real sobre la situación; en segundo lugar, que se realice in diagnóstico claro sobre los ajustes prioritarios que necesita el sistema y por fin, que se trabaje con los representantes sociales del ámbito educativo para afrontar entre todos esos problemas (y entre otros, podemos citar el enfoque de la comprensividad en la ESO, la igualdad de oportunidades del alumnado, la disciplina en los Centros de Secundaria, el reparto equitativo del alumnado inmigrante, el acceso a la Universidad, la clase de religión en la escuela pública ...).
La SEPFI desea sinceramente muchos éxitos al nuevo equipo político del Ministerio de Educación y solamente quiere expresar públicamente un anhelo que apunta a un objetivo por el que seguiremos luchando: una educación de calidad para todos.